CUANDO LA SEGURIDAD SE DERRUMBA: REFLEXIONES A 24 HORAS DE LA TRAGEDIA EN TRUJILLO
Apenas han transcurrido 24 horas desde el colapso del techo en el patio de comidas del Real Plaza Trujillo, un hecho luctuoso que ha dejado una estela de dolor en las familias de quienes han perdido la vida y de quienes resultaron heridas por un desastre que pudo evitarse. En medio de este duelo, que recién la ciudad empieza a asimilar, resulta imperativo analizar lo sucedido y cuestionar lo que hasta ayer parecía una certeza, más allá de los amarillismos y el aprovechamiento político: la seguridad en los centros comerciales.
Los centros comerciales, tal como hoy los conocemos, irrumpieron en el paisaje urbano peruano a finales del siglo XX, convirtiéndose rápidamente en símbolos de modernidad y progreso. Todo el mundo quería estar allí, y sus propietarios se preocuparon por ofrecer una “nueva ciudad” que ofreciera al visitante todo lo que no encontraba en su lugar de origen. Así, estos establecimientos, representaban no solo un nuevo modelo de comercio, sino también un refugio seguro para familias que, ante la inseguridad ciudadana, encontraron en estos espacios una alternativa confiable para el esparcimiento y el consumo. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta sensación de seguridad se ha ido erosionando.
El incremento de la delincuencia organizada, los robos y, ahora, las fallas estructurales nos obligan a replantearnos la imagen de los malls como espacios seguros: la tragedia de Trujillo demuestra que incluso dentro de estos grandes complejos la vida de los ciudadanos está en riesgo, no solo por la criminalidad, sino por la negligencia y la falta de control en las construcciones y su mantenimiento. La mejor muestra lo constituye este reciento del Real Plaza, con no pocos antecedentes de esto que apuntamos.
Por otro lado, la informalidad es un cáncer que atraviesa distintos sectores en nuestro país, incluyendo la construcción y la administración de infraestructura pública y privada. Aunque los centros comerciales están regulados bajo estrictas normativas, lo ocurrido en el Real Plaza o sugiere que existen vacíos en la supervisión y en el cumplimiento de las medidas de seguridad. En efecto, no es casualidad que este centro comercial hubiera sido clausurado con anterioridad por irregularidades en sus instalaciones. Lo que sorprende es cómo, a pesar de estos antecedentes, se permitió su reapertura sin una inspección técnica rigurosa. Es el precio de la informalidad. Aquí radica la responsabilidad no solo de la empresa administradora, sino también de las autoridades locales y nacionales que deben fiscalizar la seguridad estructural de estos establecimientos.
Determinar las responsabilidades es una tarea urgente. Se debe esclarecer si hubo negligencia en la construcción, mantenimiento o fiscalización del centro comercial. ¿Se tomaron en cuenta las lluvias recientes al evaluar la seguridad del techo? ¿Las inspecciones realizadas fueron suficientes o se trató de una simple formalidad para permitir la operación del mall? En suma, ¿las autoridades se toman en cuenta la vida de las personas en estos espacios o les importa un carajo? Estas preguntas deben responderse no solo para hacer justicia a las víctimas, sino para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.
Es momento de replantear los estándares de seguridad en edificaciones de gran concurrencia. Se necesitan reformas que garanticen inspecciones rigurosas y sanciones ejemplares para quienes incumplen las normas. Asimismo, la ciudadanía y los colegios profesionales deben exigir transparencia y rendición de cuentas, pues confiar ciegamente en las autoridades ya no es una opción, y Trujillo lo sabe de sobra, pues el alcalde y el gobernador, a estas alturas, es evidente que tienen otra agenda. Nuestro aplauso, otra vez, por los hombres de rojo que, a pesar de todas sus limitaciones (a veces tienen que mendigar sus propios recursos) siempre están a la altura de las circunstancias.
El colapso del techo del patio de comidas no es un hecho aislado, sino un síntoma de problemas estructurales más profundos en nuestra sociedad: informalidad, falta de fiscalización y desidia de las autoridades. Esta tragedia nos obliga a reflexionar sobre el verdadero nivel de seguridad en los espacios que habitamos y sobre la urgencia de exigir cambios que prevengan nuevas pérdidas humanas.
De modo que no basta con lamentar las vidas perdidas; es necesario actuar. El dolor de hoy debe convertirse en el motor de una transformación que garantice que ninguna familia peruana vuelva a enfrentarse a un desastre evitable dentro de un espacio que, paradójicamente, debía ser seguro.
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