DEVALUANDO EL ESTADO DE EMERGENCIA
Las provincias de Trujillo y Pataz se despiertan desde ahora bajo un nuevo estado de emergencia decretado por el Gobierno nacional, con el objeto de hacer frente a la creciente ola de criminalidad que parece incontrolable.
Hay razones suficientes para una medida de esta naturaleza en Trujillo, pues las cifras no mienten en el conteo de los muertos a manos del hampa en operaciones cada vez más avezadas. El problema es que esta medida plantea una serie de interrogantes, especialmente por la oportunidad y diseño de una medida como esta.
En Trujillo las Fuerzas Armadas secundarán a la Policía Nacional, y en Pataz será exactamente al contrario. ¿Cuál es la razón para este régimen diferenciado?
¿Cuál va a ser la labor de los soldados?: ¿van a poder detener a los maleantes?, ¿van a poder disparar a discreción como en Ayacucho?, ¿su presencia será meramente disuasiva?; a la postre, ¿están preparados para administrar una medida de esta naturaleza, de acuerdo a la Constitución y las leyes?
¿La policía está suficientemente preparada para un rol táctico operativo en estas jurisdicciones?, ¿cuentan con la logística y el presupuesto?
Pero aún hay más: los antecedentes. O sea, ya hemos tenido anteriormente estados de emergencia y todos han terminado con una misma impresión: no sirven para nada.
De manera que este cuentazo que nos viene a contar el tándem Acuña- Boluarte parece salido de un mago al que se le acabaron los trucos. ¿Con quién preparó este nuevo estado de emergencia el primer ministro Otárola?, ¿con Valdéz, con J. Fort, con Richard?
¿Sabe a dónde apunta este nuevo estado de emergencia? A su devaluación, a un callejón sin salida, porque en la cabeza de estos señores se ha agotado el brazo político y el monopolio de la violencia, salvo para su propio provecho e impunidad.
En cuanto a la gobernanza, en Trujillo hemos pasado de un sujeto que no podía ordenar los fantasmas de su cabeza, y disparaba a todo el mundo, a un sucesor que ha entregado, sin la menor vergüenza, la municipalidad al dueño de su verdadero partido (no al de Somos Perú, esa es la finta). Y ahora tenemos a un Gobernador vende humo, que ha preferido usar las herramientas del Estado para desacreditarlo.
A finales del año pasado la encuestadora Datum, daba cuenta de no menos del 94% de peruanos que no confiaban en la figura del estado de emergencia como un mecanismo para afrontar el aumento de la criminalidad.
¿Así esperamos tener éxito en afrontar este nuevo estado de emergencia?
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