ARTURITO, EL PROCAZ

Por Johnson Centeno.-

A estas alturas de la coyuntura nacional descartamos, por desgracia, la irrupción de una autoridad política que sirva como ejemplo a las siguientes generaciones en términos de elocuencia, transparencia, sabiduría, empatía y genuina preocupación por el bienestar de sus conciudadanos. Tal compromiso desde el poder es cosa del pasado.

¿Cuándo fue que dejamos que Trujillo sea capturado por un matoncito de barrio? ¿Dónde podemos rastrear sus orígenes políticos? ¿Cuánto tiempo más estamos dispuestos a tolerar sus bravuconadas y desplantes? ¿Qué se esconde tras sus berrinches y distracciones tiktokeras apenas iniciada su gestión?

De alguna forma, una jueza trujillana ha decidido dar el primer paso en la indignación pública frente las acciones de una “autoridad” con licencia para delinquir, que piensa que esta ciudad es su chacra, ante la cara pelada de los mismo trujillanos, y ante una prensa que se ríe de sus huachaferías o se vende por un plato de ceviche (incluimos a un exregidor con fama de “periodista”, que prefiere soltar datitos desde la clandestinidad como una damisela de cabaret). Otros no pierden la esperanza digital de que su “loco” se porte con la publicidad.

La operadora judicial es Mercedes Vásquez Zambrano, jueza de familia, quien, atendiendo una denuncia por violencia psicológica interpuesta por una ciudadana, dispuso en su resolución que el burgomaestre, se someta a un tratamiento terapéutico en los siguientes términos: “El denunciado César Arturo Fernández Bazán, deberá seguir tratamiento terapéutico, a cargo del Centro de Salud Mental Comunitaria Maeich Muchik, ubicado en el Sector El Paraíso-Moche, en el plazo de tres días, bajo apercibimiento que, en caso de inconcurrencia, será denunciada por el delito de desobediencia a la autoridad”.

El alcalde, para no perder la costumbre, le ha respondido a la jueza Vásquez Zambrano con una ironía digna de callejón: “Un aplauso para la jueza ‘Mechita’ Zambrano que me ha mandado a una terapia. De repente la señora está por su ‘Zambrano’”.

El tenor de la resolución no es una novedad en materia penal o de familia, y está respaldada por abundante jurisprudencia con la idea de someter al agente agresor a una terapia que lo haga reflexionar en sus acciones, valorar bienes jurídicos, y que a la vez se prevengan futuras comisiones. Desde este punto de vista, técnicamente no se debe satanizar una resolución de esta naturaleza, pues la autoridad judicial considera que su mandato contribuirá en su rehabilitación y readaptación social. Y se supone que, así no nos gusten, los fallos se cumplen. Desafiar la autoridad y burlarse de esa manera procaz sí es un acto sin precedentes, y justifica con mayor razón la necesidad de una reseteo mental del burgomaestre (palabra cuya etimología deviene de bürger (‘ciudadano’) y meister (‘maestro’)), que a las claras está muy lejos de conocer el condenado.

Considerando que Arturito acumula no pocas denuncias de esta naturaleza, incluyendo un rosario de procesos judiciales vinculado directa o indirectamente a su función, donde destina fondos públicos de los ciudadanos, a mi juicio, la funcionaria judicial debió ir más allá en su resolución de marras y ordenar una prueba antidoping que nos asegure que este sujeto está sus cabales.

Ojalá que la decisión de la jueza sea una clarinada para toda la comunidad, agentes políticos, periodistas y organismos tutelares de la buena marcha de una comunidad y la prevención del delito.