PROYECTO LEY DE TV DIGITAL- CHILE

EL PROYECTO de ley sobre televisión digital fue aprovechado por la Concertación para establecer normas de control de la televisión, que nada tienen que ver con esa nueva tecnología, y que constituyen un grave atentado a la libertad de expresión, básicamente, porque los canales quedan obligados a transmitir ciertos contenidos con un enfoque que es impuesto por el Estado.

Tan cierto es lo anterior, que la totalidad de los diputados de la UDI interpusieron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de diversos aspectos de su texto. La pregunta que surge es ¿dónde estuvo el gobierno? Porque si bien la tramitación de la iniciativa legal comenzó durante la administración Bachelet, el grueso de ella ha tenido lugar bajo la actual. Lo concreto es que La Moneda delegó la tramitación en la subsecretaría sectorial, especialista en el espectro radioeléctrico y otros aspectos técnicos, sin que haya realizado ninguna gestión efectiva para defender la libertad de expresión.

Pero ahora el gobierno quedó en un impasse un tanto embarazoso, cuando el principal partido de la coalición que lo apoya presentó el mentado requerimiento (¿no hubo ningún diputado de RN que le interesara defender la libertad de expresión?). Y no sólo queda complicado en términos de imagen, sino que jurídicos y políticos, ya que el Tribunal Constitucional, conforme prescribe la ley, ha pedido al Ejecutivo su opinión sobre la acción constitucional intentada por la UDI. El gobierno puede hacer tres cosas: callar, lo que no ha sido la costumbre y sería grave al debilitar la defensa de la libertad de expresión, principio clave en el ideario de la centroderecha; desestimar la inconstitucionalidad, lo que sería peor y quitaría piso a la UDI (aunque tal vez esto no le importe mucho); o afirmar la inconstitucionalidad. En este último caso, la reflexión obvia sería por qué no defendió el punto antes y por qué no ha vetado el proyecto de ley en razón de ello, estando vigente el plazo para que el Presidente ejerza esta atribución.

El gobierno parece no tener ahora otra alternativa que vetar el proyecto de ley, porque si adhiere a la inconstitucionalidad sin ejercer sus atribuciones para enderezarlo, en el Tribunal Constitucional pudieran sentir que están tratando -con el debido respeto- de “sacar la castaña con la mano del gato”. Es evidente que si el gobierno hubiera cuestionado de inmediato el texto despachado y anunciado un veto, el requerimiento no habría sido interpuesto mientras no se conociera su suerte en el Congreso, trámite en que el Presidente tiene todas las de ganar por el quórum exigido para que las cámaras insistan en el proyecto inicialmente despachado. Con el veto forzado habrá dos pugnas simultáneas sobre lo mismo: una política en el Congreso y otra jurídica en el tribunal, lo que hará muy incómodo para éste pronunciarse. Todo mal.

Tramitar exitosamente los proyectos de ley no consiste en colocar un tilde en el listado de aprobados y proclamar una gestión eficiente. Transar la libertad de expresión para que podamos ver con gran nitidez las imágenes que nos quiere imponer el hermano mayor, ciertamente constituye un fracaso.