EDUCACIÓN: ECOS DE UNA INTERPELACIÓN MINISTERIAL

Por Guillermo G. Guerra Cruz

El problema educativo es y será siempre la piedra de toque para las controversias que surgen  en orden a la resolución de los problemas sociales y más, si llegan a los niveles de diseños normativos, pues siempre se confía que los problemas de la realidad se solucionan por la expedición de una ley.

Los cuestionamientos

Las leyes, al fin, contienen una base política y señalan la ruta para la ejecución de su materia; pero, esta ejecución material depende de la acción humana y de los recursos disponibles.

Las noticias de la preparación de un proyecto de Ley, denominado  Ley de Desarrollo Docente, plantó la inquietud en cierto sector de legisladores, los que sembraron dudas sobre la confiabilidad y la eficiencia de la Ministra de Educación; pues, además, se le acusó de aproximaciones y complacencia con el Sindicato Único de Trabajadores de Educación (SUTEP) y grupos conexos no democráticos, de factura terrorista. Esto hizo eco en los medios de información.  El Congreso empezó a hervir y ello, sumado al afán de la oposición, se tradujo en un llamado a la interpelación de la Ministra y, así sucedió, siguiendo los procedimientos para ello.

La Ministra, Patricia Salas, fue convocada a sesión del Congreso para esos fines en la que absolvió el pliego de preguntas respectivo.

Lo vacío del debate

En el debate se objetó la necesidad del   proyecto mencionado considerándolo un atropello a la normatividad existente, ya que en el gobierno del 2006 al 2011 se había dado la Ley 29062 modificatoria de la Ley 24029, Ley del Profesorado, en la parte pertinente a la Carrera Magisterial y, según se afirmó en el calor del debate, que la mencionada Ley  no se habría cumplido a cabalidad, deteniéndose innecesariamente el proceso de inclusión a la carrera pública, señalándose que más allá de una necesidad real, estaba la intención política, de defenestrar la Ley dada en el curso de la gestión del presidente Alan García. Surgieron cuestiones relativas a la factibilidad del Proyecto en lo relativo a los costos y de la serie de dificultades existentes en la realización del proceso educativo  en el ámbito rural, así como en los niveles de los rendimientos educativos, deslizando cuestionamientos a la labor de los profesores, hasta expresiones como de “burrocracia”.  Sin mayor análisis se cuestionó la gestión ministerial, sin señalar relaciones de causa y efecto y se achacaron todos los males existentes en el proceso educativo a la Ministra Salas, advirtiendo su ineficiencia para resolver los problemas de las huelgas docentes en determinadas  regiones, como si la solución de esos conflictos pudiera ser automática. En realidad,  el peso del debate se centró más en cuestiones políticas sin sustancia y en cuestionamientos mutuos de gestiones de gobierno de antes y de ahora, sin tocar el fondo  ni teórico ni práctico y echando toda la carga en los hombros de los profesores.

Respuesta de la Ministra

La Ministra aclaró su posición frente a las acusaciones de aproximaciones  a grupos terroristas, declarando su rechazo a ello, pero dejando establecido su apertura a la representación sindical auténtica. Por otra parte hizo un recuento de las acciones planificadas y emprendidas en orden a una gestión sustentada en la realidad educativa   y al orden de su planificación.

La verdad sobre el asunto

Desde mi parte, considero que el proyecto trae aportes en orden a superar algunos aspectos relativos a la carrera pública magisterial, particularmente en la extensión de niveles y en el ordenamiento de las remuneraciones y a simplificar el texto, ya que al presente existen una serie de normas, encadenadas, pero que dificulta su manejo.  Por cierto que se insiste en algunas cuestiones, yo diría románticas, pues son de muy difícil alcance, pero no imposibles si se conjugan  la voluntad política y la buena fe e identificación y competencia de las burocracias.

Por otra parte, la intención de la Ministra de aproximar al SUTEP no tiene por qué satanizarse, pues, es menester convencerles con prácticas concretas en las remuneraciones y condiciones  laborales, en las que deben tomar parte, pero de modo razonable y realista, lejos de protagonismos y de actitudes que perjudican a la niñez ya a la juventud.