MÉTANSE LA MORDAZA AL POTO

Por Johnson Centeno

Desde que la dupla Warren-Brandeis publicara en Harvard su famoso ensayo que sentaría las bases para el desarrollo del derecho a la intimidad, los gobiernos se han preocupado especialmente en poner a salvo la privacidad de sus ciudadanos de las miradas ajenas.

A la par de su consagración como un derecho fundamental en tratados y constituciones, la prensa fue ganando oportunidades para quebrar la regla de no intromisión, sometiéndose a las responsabilidades que su ejercicio generaba, especialmente en términos de fiscalización de los poderes públicos. Así, se desataparon una serie de casos de corrupción como el emblemático caso Watergate, que dio lugar al desafuero del presidente Nixon, inaugurando un estilo periodístico que no vacilaba en echar mano a métodos non sanctos para vigilar al poder.

Sería perfectamente discutible evaluar si la prensa ha sabido respetar los fueros personales, y si su actuación ha sido más beneficiosa para las mayorías frente a los ofuscados, o si se ha revestido de una impunidad que no le corresponde. Discutible. Pero lo que a todas luces parece seguro —especialmente desde mediados del siglo pasado— es que en los momentos más urgentes los medios de comunicación (ya en sentido más general, atendiendo inclusive a la internet y la tecnología audiovisual, que a cada nueva versión amenazan cualquier tipo de intimidad) han jugado un papel significativo en salvaguarda de los grandes valores democráticos y la libertad. La llamada “primavera árabe” y los destapes europeos son una muestra de ello.

Se constata que en los últimos lustros, América Latina ha sido objeto de numerosos intentos de controlar a la prensa bajo una serie de excusas (promoción del desgobierno, frivolidad, embustes de toda laya), no pocas veces con certero éxito: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, naciones cuyos gobernantes comparten un tronco ideológico cercano al marxismo.

Ahora le toca al Perú. El Congreso, bajo la conducción del insufrible lugarteniente del presidente Ollanta Humala, Daniel Abuggatás, aprobó hace unos días un polémico proyecto de ley que, modificando la normativa penal, sanciona con pena de cárcel a los que difundan una interceptación telefónica que “no tenga un contenido delictivo perseguible” o que “contravenga el ordenamiento legal vigente”. Dice a la letra: “El que, indebidamente, interfiere, escucha o difunde una comunicación privada, independientemente del medio a través del cual haya tenido lugar, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”. En verdad, palabras más palabras menos, no es la primera vez que se ensaya un artilugio de este tipo, pues el gobierno pasado también lo intentó, quedándose con la miel en los labios.

El autor de la iniciativa parece haberse motivado en el chuponeo que sufrió Lourdes Flores (“métanse la alcaldía al poto”), que a la postre terminó perjudicándola en la competencia con Susana Villarán por la alcaldía de Lima. Efectivamente, ‘Lulú’ sufrió en propias carnes la intervención de sus comunicaciones y amenazó tomar acciones legales contra Bayly. Nunca lo hizo. Su negativa explica un poco el asunto de fondo en la problemática de este asunto: por ignorancia o por desconfianza los afectados no apelan a los mecanismos que franquea la ley para defender sus derechos, lo que ha traído consigo una escasa jurisprudencia en nuestros tribunales. Por cierto, en el audio de marras también se escuchaba al impresentable Xavier Barrón (verdadera causa de sus derrotas) donde se hablaba de cambiar las ‘sacrosantas’ mediciones de Apoyo, ta ta ta tannn….

Quienes han hecho del morbo su medio de vida tampoco se la deben llevar tan fácil a la hora de propalar videos clandestinos o conversaciones ajenas al interés público. Ya queremos ver si Magaly Medina es la misma en su reino de estulticia a la hora que le lluevan los juicios. De modo que el asunto pasa por una cuestión de educación y confianza en la justicia, por lo menos, y no en una ley mostrenca para amordazar a la prensa.

Siendo que este gobierno tiene mucha basurita bajo la alfombra que no puede disimular, se comprende que no haya salido una voz expresando su parecer al respecto, jugando hasta ahora en pared con esta iniciativa del parlamento. En buena cuenta, se curan en salud al pretender que sea el Ministerio Público una instancia obligada entre las fuentes y las redacciones periodísticas.

Ésta sí sería una razón poderosa para desmarcarse de cualquier alianza con el gobierno, tratándose de una intimidación a la prensa, pero el cholo Toledo es tan errático y salado que prefirió chapar sus ministerios para sus mediocres ahijados, cosa que tampoco le resultó.

El otro cholo tiene la palabra.