FONAVI: EL SIGNIFICADO DE FONDO
Eugenio D´Medina Lora
Han pasado tres meses y algo más desde que el Referéndum para aprobar la devolución de los dineros del FONAVI arrojó el resultado de una aplastante victoria de 66.5% contra 33.5%.
Algunos columnistas y políticos calificaron de “viveza” esta devolución, otros de irresponsabilidad, en tanto desde la esfera gubernamental se tomaba el camino de la intimidación al amenazar con incrementos impositivos a los demás ciudadanos para cubrir esas devoluciones.
Se acaba de sumar la candidata oficialista Mercedes Araoz para reiterar lo que ya decía cuando era ministra, en el sentido de que la devolución perjudicaría al país. La diferencia es que ahora hay una decisión electoral que respalda al fallo del Tribunal Constitucional y eso lo debiera tener en cuenta la señorita Mercedes. Lo concreto es que la expresión de la ciudadanía ha sido un contundente “sí” a cumplir con esa devolución.
Efectivamente, muchos han enarbolado argumentos en contra, sosteniendo que tal devolución es populista, oportunista, irresponsable. Después de todo, puede sonar coherente que el gasto estatal que supondría esta devolución sea utilizado para comprar conciencias en épocas electorales. Incluso muchos pueden pensar que sería una medida colectivista, por no decir, socialista ¿Qué hay de cierto en esto?
Lo central del problema que plantea la obligación para el estado es lanzar un mensaje: que el gobierno debe tener límites suficientes como para no meterle la mano al bolsillo del sector privado. Porque el sector privado no son únicamente las empresas, sino también, las personas civiles que no pertenecen al sector público o que actúan como trabajadores.
La utilización prolongada de los recursos del Fonavi para fines discrecionales de la caja pública constituye una cabal expropiación, tan deplorable como los despojos de la reforma agraria velasquista o los intentos por incrementar las contribuciones de empresas privadas, con posterioridad a la firma de contratos de operación.
Un mínimo de coherencia exige que el estado se haga responsable cuando incumple estos límites. El caso del Fonavi es especialmente bueno para dar ese mensaje, porque ilustra a la opinión pública que la defensa de los derechos de propiedad, que subyace implícitamente al tema de la intervención estatal ilimitada, no es cosa aplicable únicamente a los grandes propietarios. También debe ser de total vigencia para los que son propietarios de su propio trabajo.
Un problema no menor será determinar cuánto hay que devolver y cómo hacerlo. Se habla de que, dependiendo el método y los criterios a adoptarse, la cifra puede fluctuar entre 7 y 22 millones de soles. En opinión del ministro de economía, sería al final de 2011 cuando quede listo todo para saber qué devolver y cómo, en términos de plazo y modalidades. Lo que implica que será el próximo gobierno quien definirá estos temas y por tanto, la presencia de los fonavistas en el actual proceso electoral que se avecina será crucial, así como incluir el problema de la devolución en la plataforma de planes de gobierno de los partidos en competencia.
Siendo importantes estos asuntos operativos, de la mayor complejidad en términos de ingeniería financiera, persiste el compromiso de ponerle un freno a la intromisión coactiva del estado en los dineros de los privados. Es este, y no otro, el problema de fondo de este fondo.
Han pasado tres meses y algo más desde que el Referéndum para aprobar la devolución de los dineros del FONAVI arrojó el resultado de una aplastante victoria de 66.5% contra 33.5%.
Algunos columnistas y políticos calificaron de “viveza” esta devolución, otros de irresponsabilidad, en tanto desde la esfera gubernamental se tomaba el camino de la intimidación al amenazar con incrementos impositivos a los demás ciudadanos para cubrir esas devoluciones.
Se acaba de sumar la candidata oficialista Mercedes Araoz para reiterar lo que ya decía cuando era ministra, en el sentido de que la devolución perjudicaría al país. La diferencia es que ahora hay una decisión electoral que respalda al fallo del Tribunal Constitucional y eso lo debiera tener en cuenta la señorita Mercedes. Lo concreto es que la expresión de la ciudadanía ha sido un contundente “sí” a cumplir con esa devolución.
Efectivamente, muchos han enarbolado argumentos en contra, sosteniendo que tal devolución es populista, oportunista, irresponsable. Después de todo, puede sonar coherente que el gasto estatal que supondría esta devolución sea utilizado para comprar conciencias en épocas electorales. Incluso muchos pueden pensar que sería una medida colectivista, por no decir, socialista ¿Qué hay de cierto en esto?
Lo central del problema que plantea la obligación para el estado es lanzar un mensaje: que el gobierno debe tener límites suficientes como para no meterle la mano al bolsillo del sector privado. Porque el sector privado no son únicamente las empresas, sino también, las personas civiles que no pertenecen al sector público o que actúan como trabajadores.
La utilización prolongada de los recursos del Fonavi para fines discrecionales de la caja pública constituye una cabal expropiación, tan deplorable como los despojos de la reforma agraria velasquista o los intentos por incrementar las contribuciones de empresas privadas, con posterioridad a la firma de contratos de operación.
Un mínimo de coherencia exige que el estado se haga responsable cuando incumple estos límites. El caso del Fonavi es especialmente bueno para dar ese mensaje, porque ilustra a la opinión pública que la defensa de los derechos de propiedad, que subyace implícitamente al tema de la intervención estatal ilimitada, no es cosa aplicable únicamente a los grandes propietarios. También debe ser de total vigencia para los que son propietarios de su propio trabajo.
Un problema no menor será determinar cuánto hay que devolver y cómo hacerlo. Se habla de que, dependiendo el método y los criterios a adoptarse, la cifra puede fluctuar entre 7 y 22 millones de soles. En opinión del ministro de economía, sería al final de 2011 cuando quede listo todo para saber qué devolver y cómo, en términos de plazo y modalidades. Lo que implica que será el próximo gobierno quien definirá estos temas y por tanto, la presencia de los fonavistas en el actual proceso electoral que se avecina será crucial, así como incluir el problema de la devolución en la plataforma de planes de gobierno de los partidos en competencia.
Siendo importantes estos asuntos operativos, de la mayor complejidad en términos de ingeniería financiera, persiste el compromiso de ponerle un freno a la intromisión coactiva del estado en los dineros de los privados. Es este, y no otro, el problema de fondo de este fondo.
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