PARTIDO PERUANO NARCOTRAFICANTE

Envío de Gina Pesantes
Por Augusto Álvarez Rodrich
El compromiso ético contra la infiltración del narcotráfico que este lunes suscribirán veintidós partidos y movimientos es importante para el adecentamiento de la política peruana.
Por un lado, para el establecimiento de acuerdos de largo plazo para combatir a este fenómeno que es una real amenaza para la gobernabilidad. Por el otro, para ayudar a la identificación del financiamiento del narcotráfico a las autoridades que se elegirán en las elecciones de este y del próximo año.
Este pacto promovido por Devida comprende un conjunto de acuerdos, incluyendo los siguientes:
a) Capacitación para el análisis de la información consignada por los candidatos en sus hojas de vida, mediante la verificación de sus antecedentes y el origen de sus ingresos y bienes.
b) Fortalecer la capacidad de los partidos para detectar aportes que puedan provenir de fuentes de financiamiento ilegal, sin perjuicio de apoyar la propuesta de que los partidos oficialmente inscritos ante el JNE accedan a financiamiento público.
c) Proporcionar a los partidos políticos información relevante sobre la problemática de las drogas a nivel nacional e internacional que les permita elaborar propuestas a incluir en sus planes de gobierno nacional, regionales y locales.
d) Trabajar, en colaboración con otras entidades, en la elaboración de un mapa de riesgo del narcotráfico que permita a los partidos poner especial atención en aquellas zonas más afectadas por el tráfico ilícito de drogas.
El avance de un negocio como el narcotráfico requiere, por su naturaleza ilícita, de la colaboración solapada de congresistas, alcaldes, regidores, presidentes regionales, ministros, policías, jueces, fiscales o periodistas, entre otros, los cuales se pueden comprar con los entre US$ 2,000 millones y US$ 6,000 millones que deja anualmente el narcotráfico en el país.
Solo en las elecciones municipales y regionales de octubre de este año habrá alrededor de cien mil candidatos a alcalde, regidor, presidente regional o consejero de la asamblea. ¿No es esta una magnífica oportunidad para que, de un modo barato, financiando campañas locales, el narcotráfico consiga una representación espectacularmente amplia para respaldar, por acción u omisión, el avance de sus planes?
Un pacto como el propuesto por Devida no garantiza que se vaya a detener el incremento de la representación que, sin duda, el narcotráfico ya tiene en la política peruana, pero constituye un buen inicio para empezar a cambiar la tendencia creciente que observa desde hace tres décadas.
Por Augusto Álvarez Rodrich
El compromiso ético contra la infiltración del narcotráfico que este lunes suscribirán veintidós partidos y movimientos es importante para el adecentamiento de la política peruana.
Por un lado, para el establecimiento de acuerdos de largo plazo para combatir a este fenómeno que es una real amenaza para la gobernabilidad. Por el otro, para ayudar a la identificación del financiamiento del narcotráfico a las autoridades que se elegirán en las elecciones de este y del próximo año.
Este pacto promovido por Devida comprende un conjunto de acuerdos, incluyendo los siguientes:
a) Capacitación para el análisis de la información consignada por los candidatos en sus hojas de vida, mediante la verificación de sus antecedentes y el origen de sus ingresos y bienes.
b) Fortalecer la capacidad de los partidos para detectar aportes que puedan provenir de fuentes de financiamiento ilegal, sin perjuicio de apoyar la propuesta de que los partidos oficialmente inscritos ante el JNE accedan a financiamiento público.
c) Proporcionar a los partidos políticos información relevante sobre la problemática de las drogas a nivel nacional e internacional que les permita elaborar propuestas a incluir en sus planes de gobierno nacional, regionales y locales.
d) Trabajar, en colaboración con otras entidades, en la elaboración de un mapa de riesgo del narcotráfico que permita a los partidos poner especial atención en aquellas zonas más afectadas por el tráfico ilícito de drogas.
El avance de un negocio como el narcotráfico requiere, por su naturaleza ilícita, de la colaboración solapada de congresistas, alcaldes, regidores, presidentes regionales, ministros, policías, jueces, fiscales o periodistas, entre otros, los cuales se pueden comprar con los entre US$ 2,000 millones y US$ 6,000 millones que deja anualmente el narcotráfico en el país.
Solo en las elecciones municipales y regionales de octubre de este año habrá alrededor de cien mil candidatos a alcalde, regidor, presidente regional o consejero de la asamblea. ¿No es esta una magnífica oportunidad para que, de un modo barato, financiando campañas locales, el narcotráfico consiga una representación espectacularmente amplia para respaldar, por acción u omisión, el avance de sus planes?
Un pacto como el propuesto por Devida no garantiza que se vaya a detener el incremento de la representación que, sin duda, el narcotráfico ya tiene en la política peruana, pero constituye un buen inicio para empezar a cambiar la tendencia creciente que observa desde hace tres décadas.
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