EL SOBRESALTADO GENDARME DE LOS CONSUMIDORES

Por Augusto Townsend K.

En su penúltimo mensaje a la Nación, el presidente Alan García aludió específicamente a la supuesta desprotección del consumidor peruano. Hizo hincapié en las tasas de interés bancarias como ejemplo paradigmático de lo anterior y mencionó que una de sus prioridades era, justamente, crear un nuevo Código del Consumidor, cuya elaboración estaría a cargo de una comisión especial.

Curiosamente, cuando el gobierno de Alejandro Toledo estaba más o menos en esta misma etapa, Semana Económica publicó el artículo "¿No me defiendas, compadre?", atendiendo a una preocupación similar a la que ahora exhibe el presidente García. El protagonista en ese caso era el congresista Yonhy Lescano, quien presidía la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República.

Como advertía el referido artículo, el discurso de protección del consumidor suele tornarse más grandilocuente a medida que van acercándose las elecciones presidenciales-congresales. De hecho, en el corto plazo es políticamente rentable sobreproteger a los consumidores (¿a quién no le gustaría que le rebajen artificialmente el precio de algo?), habida cuenta de que los efectos nocivos (desincentivar la ampliación de la cobertura de un servicio, por ejemplo) son poco perceptibles o demoran en manifestarse (con lo cual se convierten, además, en una carga para los siguientes gobiernos y no para el que los origina).

Esta estrategia suele maximizar sus réditos políticos cuando es enfocada en los proveedores de servicios públicos (las empresas de telefonía -sobre todo una española- recordarán bien el discurso de Lescano) o los bancos (para efectos prácticos, los consumidores suelen considerar que éstos brindan un servicio público). Después de todo, en un país como el Perú todavía acecha el fantasma de una eventual oferta competidora del Estado, la cual superaría en precios a las alternativas privadas a punta de subsidios.

Ahora, si verdaderamente fuese genuino y no calculado este interés del gobierno, habría que recomendarle que empiece por casa, es decir, por evaluar el grado de satisfacción que tiene el ciudadano respecto de los servicios que provee el propio Estado (la iniciativa del MEF para mejorar en el ranking Doing Business es una buena señal en ese sentido).

Imagínese que por arte de magia se invierte la estructura de poder y se escucha a la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) o un sucedáneo decirle al gobierno lo siguiente: “Señores, a partir de hoy están obligados a reducir los cobros por licencias de funcionamiento, trámites ante los ministerios, procesos judiciales, etcétera. ¿Que no les va a alcanzar para lograr que el Estado llegue a todos los rincones el país? Lo sentimos, dense por bien servidos, ajústense el cinturón y conviértanse en una institución eficiente”.

La mención a Aspec no es gratuita, pues éste es otro tema que ha sido analizado por Semana Económica y que resulta harto relevante en el debate iniciado por el gobierno. En el artículo "Unidos jamás seremos vencidos" se evaluó la situación de las asociaciones de consumidores en el Perú, su problemática y cómo su adecuado funcionamiento le quitaría piso a cualquier discurso interventor del gobierno en este ámbito.

No hay que olvidar que una política de protección del consumidor no es más exitosa mientras más causas haya defendido el Estado en representación de los consumidores. Por el contrario, el escenario ideal es uno en el cual el Estado no intercede por nadie. ¿Por qué? Porque en tal escenario el consumidor ha aprendido a defenderse a sí mismo, ya sea individualmente o a través de las asociaciones de consumidores, y participa en un mercado donde el flujo de información es permanente y las ofertas competidoras son fácilmente comparables (ojo que esto último sí es claramente una responsabilidad del Estado).

¿Cómo se llega a ello? Asumiendo que lo importante no es lo que pasa después del consumo, sino lo que ocurre antes de éste. No se trata de premiar al consumidor que se vio perjudicado por no haber leído un contrato, sino de fomentar que lo lea. ¿O acaso preferiría usted que el Estado sea quien lea y firme sus contratos? (Tomado de Semana Económica).