QUIÉNES SON LOS BÁRBAROS?

Por Paul Laurent

Sin lugar a dudas, la herida causada la mañana del viernes 5 de mayo en Bagua estará abierta por mucho tiempo. Lamentablemente, tan abierta como tantas otras heridas. De esas que en su acumulación delatan nuestro tercermundismo y la peor de sus compañeras: la barbarie.

Así, entre balas y flechas hay quienes creen que se puede apostar por la globalización y el capitalismo desde la imposición de un decreto legislativo. De igual manera, entre lanzas y machetes hay quienes juzgan que en el sistema de mercado no encajan rostros cetrinos ni aborígenes.

Dos yerros que hoy se enfrentan. En medio gente que, como el que más, únicamente anhela gozar de lo suyo, de lo que tiene, de lo que le pertenece. Y en ese universo de personas los nativos de la inmensa selva amazónica no son las únicas víctimas de una legalidad que los despoja, de una legalidad que dice “es tuyo, pero… de acuerdo a ley…”. Y en la ley puede haber cualquier cosa menos la real protección de aquello que se dice que es nuestro.

En ese sentido, todos los peruanos sufrimos de idéntica normatividad. Dándose que aquí lo único novedoso es que los nativos (sus dirigentes) recién se han enterado de los límites políticos de los derechos de propiedad. Es decir, gracias al Decreto Legislativo 1090 miles de personas se estrenan en la comprensión de una normatividad expropiatoria. Una normatividad que nos canta que los predios que son nuestros sólo lo serán si es que carecen de riquezas en su interior, pues si ellas asoman (oro, plata, gas, petróleo, etc.) simplemente no podremos tomarla para nuestro particular beneficio.

Eso es no tener derechos. Eso es carecer del máximo disfrute de lo que se tiene. Es estar impedido de gozar de lo que poseemos a título de dueños, siendo que por lo mismo serán otros los que decidirán por encima de nuestras voluntades. He aquí una legalidad mercantilista, en virtud de la cual la suerte de las pertenencias de la gente (y la gente misma) es decidida desde el despacho de un burócrata.

Por muy buenas intenciones que tenga el decreto legislativo en cuestión, el mensaje recibo por los directamente afectados es contundente: “Tu tierra no es tan tuya. El Estado prima sobre lo que dices que es tuyo”. Eso es lo que reza el artículo 66º de la Constitución de 1993 cuando señala que los recursos naturales son patrimonio de la nación y que por lo mismo el Estado es soberano en su aprovechamiento. Para los nostálgicos, el artículo 118º y subsiguientes de la Carta de 1979 no era muy distinto.

Cualquier deseo de llevar a los miembros de las comunidades nativas de la Amazonía a otros dispositivos del mencionado decreto carece de relevancia frente a esta expropiatoria mención. Al fin y al cabo, la referida norma no hace más que desarrollar el antes citado texto constitucional. Como se ve, no estamos ante ninguna novedad. Legalidades de esa traza son más antiguas que la república peruana. En nuestra tradición jurídica, el altomedieval derecho del Reino de Castilla (siglo XIII) se erige como el precursor de este tipo de dictados absolutistas.

Ciertamente hay quienes tomarán este desencuentro como parte de las distancias entre el “país legal” y el “país real”. Pero de qué tipo de legalidad hablamos. Igualmente, qué tipo de “realidad” invocamos. ¿Plantear el tema de Bagua como la eterna lucha de resistencia aborigen frente a las injusticias de los occidentales capitalistas es asumir las cosas tal como realmente son?

Lo dudo. Mas lo que no dudo es que este problema se sienta sobre una base mayor que acaso sólo la sensibilidad de gente tan apegada a la tierra pueden captar: que no hay progreso sin derechos. Y esos derechos no son regalos ni dádivas de gobierno alguno. Por lo mismo, nadie desde el poder puede ponerlos en duda, sino meramente reconocerlos. Únicamente de ese modo podremos alejar a los antisociales que se aprovechan de los comprensibles temores de hombres y mujeres que sólo claman por vivir en paz.

Ahora, ¿quiénes son los bárbaros? ¿Aquellos que usan la ley para anular pertenencias o los que defienden lo que es suyo? Si el hoy prófugo Pizango pedía que se derogara el Decreto Legislativo 1090 ello demostraba su carencia de visión. No era un líder de verdad, sólo un simple oportunista aupado por el chavismo. Un auténtico defensor de los derechos de su gente estaría exigiendo la modificación de la Constitución para que todos los peruanos gocen del derecho de ser propietarios a carta cabal, y no a medias tintas. He aquí una tarea pendiente de todo buen republicano, de todo ser civilizado.