El 22 de diciembre del 2005, el Estado peruano le pagó a Baruch Ivcher Bronstein S/. 20 millones alegando que el gobierno fujimorista violó el presunto “derecho a la nacionalidad consagrado en los artículos 20.1 y 20.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, tal y como había resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 6 de febrero del 2001.
El problema, sin embargo, es que Ivcher engañó a las autoridades migratorias peruanas y a los jueces del tribunal supranacional. En realidad, nunca se nacionalizó peruano, como mandaban (y mandan) las leyes vigentes. Eso, por supuesto, acarrea grandes consecuencias.
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