ALCALDE DE VÍCTOR LARCO AFRONTA DEMANDA POR ALIMENTOS MIENTRAS DESPLIEGA CAMPAÑA PARA MANTENERSE EN EL PODER
El alcalde de Víctor Larco, Enrique León Clement, atraviesa un escenario político y judicial paralelo. Mientras despliega una intensa campaña con banners, propaganda móvil, promotoras y actividades públicas orientadas a posicionar su candidatura, enfrenta un proceso judicial relacionado con la pensión de alimentos de su menor hija.
León Clement busca permanecer en el poder mediante una fórmula que se inscribe en lo que viene siendo denominado como «reelección encubierta». Aunque no puede postular directamente al cargo de alcalde debido a un impedimento legal, figura como primer regidor en la lista de Avanza País y asumirá la candidatura a la alcaldía tras la anunciada renuncia del postulante titular de su agrupación.
La licencia del burgomaestre entra en vigencia este viernes 4 de setiembre, fecha a partir de la cual podrá realizar actividades proselitistas de manera abierta. Sin embargo, en Víctor Larco su despliegue político ya resulta visible desde semanas atrás, pese a las restricciones de neutralidad que alcanzan a los funcionarios públicos.
En distintos puntos del distrito se han observado banners, publicidad móvil y personal dedicado a promocionar las actividades vinculadas al alcalde. Este despliegue ocurre mientras, en paralelo, se desarrolla un proceso judicial relacionado con las obligaciones económicas que mantiene con la madre de su última hija menor.
Una disputa que llegó a los tribunales
De acuerdo con información de algunos medios locales, a comienzos de agosto León Clement presentó ante el Poder Judicial una demanda contra Nancy Watson Díaz, madre de su hija A.L.L.W., por ofrecimiento y consignación de pago de pensiones alimenticias.
La acción judicial se produjo en el contexto de una controversia por el monto y las condiciones del pago solicitado por Watson Díaz. Según la documentación del proceso, el alcalde sostiene una posición respecto de la pensión que la madre de la menor reclama. El caso se encuentra actualmente en trámite y ha generado nuevos escritos por parte de ambas partes.
La madre de la menor apeló
Nancy Watson Díaz presentó una apelación contra la demanda promovida por León Clement. Como parte del proceso, el alcalde realizó un depósito de 2.000 soles por concepto de pensión.
Posteriormente, el 31 de agosto, Watson Díaz presentó un nuevo escrito ante el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, mediante el cual solicitó que se incorpore al expediente un audio correspondiente a una reunión que sostuvo con el padre de su hija.
El contenido del documento presentado ante el juzgado sostiene que León Clement conoce las necesidades económicas de la menor y que incluso habría reconocido determinados gastos y asumido compromisos relacionados con su atención.
Entre las obligaciones mencionadas se encuentra el seguro de salud de la niña, además de otros gastos que, según el escrito, son conocidos por el alcalde.
Un conflicto que viene de antes
La controversia judicial entre León Clement y Watson Díaz no sería reciente.
Previamente, el propio alcalde había recurri do a la vía judicial contra la madre de su hija en otro proceso, en el que buscaba mantener distancia respecto de ella.
Ahora, ambas partes vuelven a enfrentarse en sede judicial por la obligación alimentaria de la menor. El proceso adquiere particular relevancia por el momento político en que se desarrolla. Mientras el expediente judicial recoge una disputa relacionada con el cumplimiento de obligaciones económicas hacia su hija, el alcalde viene promoviendo una campaña electoral de considerable despliegue en Víctor Larco.
La publicidad política incluye banners, propaganda móvil, actividades públicas y contratación de personal para promover su candidatura. Todo ello ocurre a pocas horas de que concluya formalmente su etapa como autoridad municipal en ejercicio y pueda dedicarse abiertamente a la campaña. La coincidencia entre ambos escenarios plantea interrogantes sobre las prioridades y recursos destinados por el burgomaestre en esta etapa preelectoral. El proceso judicial, sin embargo, deberá continuar su curso y serán las instancias correspondientes las que determinen las obligaciones que correspondan a cada una de las partes.
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