OTROS PRESIDENTES SE VENDEN, YO NO
Como no logran involucrarme en el escándalo Lava Jato, como sí lo están sus ex candidatos y ex presidentes, mis adversarios vuelven a la estrategia de “criminalizar a Alan García” aprovechando la falta de información del pasado. Al igual que el terrorismo, buscan apropiarse de la memoria colectiva y, con la lógica de “miente, miente, que algo queda”, repiten patrañas ya desechadas. Debo recordarles:
El 29 de enero de 1992, después de años de insultos e informes fraguados (Larc), que incluían venta de aviones que el Perú nunca tuvo, residencias en Miami y decenas de millones de dólares, la Corte Suprema, a la que el Congreso envió su acusación, me absolvió y archivó definitivamente las acusaciones por carencia de fundamentos y pruebas.
Meses después, el golpe de Estado del 5 de abril expulsó a los miembros de la Corte Suprema, nombrando dictatorialmente a otros que, obedientemente, reabrieron inconstitucionalmente el caso ya terminado. Pero, 8 años después, serían ellos los enjuiciados y encarcelados por sus fechorías. Ante esa ilegal reapertura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió el 7 de febrero de 1995, en un fallo de obligatorio cumplimiento, que se había violado el principio de “non bis in idem”, al reabrir un caso resuelto con autoridad de cosa juzgada (Caso Nro. 11.0006).
La dictadura no acató tal fallo y continuó propalando acusaciones absurdas sobre temas jamás probados, a pesar de cuatro investigaciones parlamentarias y fiscales. Su propósito era mantenerme fuera del Perú. Caída la dictadura y lanzada mi candidatura por el Partido Aprista Peruano, la corte, aún integrada por vocales inconstitucionales, no dio cumplimiento a la resolución de la CIDH, lo que obligó a mis abogados a interponer un recurso que me permitiera ingresar al país el mismo día del mitin en la plaza San Martín. Pero no es que el proceso existente prescribiera, sino que era nulo de origen, manteniendo validez la resolución de la Corte Suprema de 1992.
Tras el segundo gobierno aprista, la megacomisión en el Congreso investigó durante 5 años todos mis actos del período 2006-2011, levantó mi secreto bancario, convocó a una comisión de peritos, pero concluyó “no haber encontrado enriquecimiento indebido o desbalance patrimonial en mis ingresos y bienes”, en un informe aprobado por el pleno del Congreso.
Además, el Ministerio Publico inició una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en febrero del 2013, por la adquisición hipotecaria del único inmueble que poseo, en Miraflores. Y concluyó, tras nueve meses de peritajes, que no existió ningún enriquecimiento indebido. Allí presenté el informe detallado de mis sueldos, honorarios por conferencias internacionales, pensión de ex presidente y regalías por libros, todo ello elevado a la web y difundido en un folleto. La resolución del fiscal de la Nación tiene carácter de cosa decidida.
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