DE ODEBRECHT A COFOPRI: LA CORRUPCIÓN SE REMANGA

Por Johnson Centeno.-

Uno. Un expresidente de la República, recordado por su compromiso en defensa de la democracia en los tiempos del fujimorismo, y responsable de inaugurar el piloto automático en el manejo de la economía, va de tumbo en tumbo en su justificación por los millones que le salpican en la cara. La más reciente denuncia, lo acusa de haber recibido una coima trasnacional por la construcción de un megaproyecto que beneficiaría a miles de sus compatriotas, y de paso a su bolsillo. Como sus otros primos inter pares, por ahora se ha puesto a buen recaudo fuera de las fronteras físicas de la justicia.

Dos. Una joven pareja de abogados ha elegido el camino fácil para hacerse de dinero, exigiendo una coima de 600 soles por facilitarle a los interesados acelerar sus trámites ante una dependencia de formalización de la propiedad. Ellos representan a una nueva generación de letrados que no se hacen ascos en defender narcotraficantes, pisotear los principios que les enseñaron en la Universidad, y humillar sus apellidos. Para ellos se ordena de inmediato prisión preventiva.

Ambos casos, con sus magnitudes y diferencias, son una muestra palpable de saqueo al Estado que una vez juraron defender, y de alta traición en tiempos en los que nos ha tocado vivir. Como siempre la justicia no será igual para ellos y, como dice Zaffaroni, solo los tontos ingresan a la cárcel, pues la persecución penal se ha confesado ilusoria y alegórica.

El Estado existe por una necesidad mínima de organización, en cuya virtud se ha diseñado un conjunto de normas y costumbres de obligatorio cumplimiento. Su razón de ser son los ciudadanos o administrados que de otro modo, por ausencia de aquél, verían zozobrar cualquier emprendimiento para el logro de sus personalidades. Los llamados a tutelar la buena marcha de la Administración son los funcionarios, servidores o empleados del Estado, que en la percepción de Weber deberían reunir una serie de aptitudes para facilitar el servicio. No para joderlo.

Tanta es la desconfianza en la propia persona que llega a tener una cuota de poder (ya sea por nombramiento, necesidad técnica o elección popular), que el ordenamiento punitivo ha dispuesto un abanico de conductas infractoras conocidas como colusión, enriquecimiento ilícito, cohecho, negociación incompatible, entre otras. Pero igual, cada cierto tiempo somos testigos que los primeros llamados en honrar sus cargos son muchas veces los primeros en deshonrarlos, con todo lo que ello implica de negativo para la reputación de la Administración y la estima que le guarda la ciudadanía. Por eso se han elevado las penas, ampliado los tipos y se debate la imprescriptibilidad para estos delitos.

El Estado, mientras sea lo que es en nuestro país, siempre tendrá las de perder, a cualquier escala: ya sea en una megacostrucción que conecte varias poblaciones, o en unos cuantos soles que prometa mayor celeridad o favorecimiento. Mientras sigan llegando al Estado congresistas, regidores, funcionarios, autoridades regionales, presidentes, etc., con el propósito de saquearlo, todos perdemos. Mientras siga siendo ese paquidermo que apenas puede moverse todos perdemos. La modernidad, la meritocracia y las buenas maneras se han alejado otra vez de la Administración Pública como en los tiempos del primer García, y de punta a punta parece cercada por una horda de hienas dispuestas al primer zarpazo.

No hay escuela de técnicos o líderes para conducir la Administración como alguna vez dijeron algunos protagonistas políticos que aprovecharon la nueva circunstancia de inclusión y honestidad para hacer la diferencia. La institucionalidad otra vez ha sido quebrada porque las familias se quebraron, y esto parece involucionar sin solución de continuidad. El Poder Judicial, el Ministerio Público, la PN, la Municipalidad, el Congreso, el Ejecutivo, los medios de comunicación, las Escuelas. 

¿Dónde acudir por un poco de honestidad?