QUEJAN A JUEZA POR TERRENO VALORIZADO EN S/. 15 mlls.

La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de La Libertad abrió investigación a una jueza y a su secretario, a raíz del desalojo de un terreno de cinco mil metros cuadrados, valorizado en más de 15 millones de soles, ubicado cerca al gobierno regional.

En esa línea, tanto la magistrada Guissella del Carmen Soriano Ramírez y el especialista legal José Ramos Velásquez Rojas -ambos del Segundo Juzgado Civil de Trujillo, adscrito a la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL)- son cuestionados por motivos de presunta “negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo y retardo en la administración de justicia”.

LÍOS ENTRE FAMILIAS. El recurso de queja fue presentado por los esposos Rafael Ganoza Benítez y Rubby Lastenia Luna Victoria de Ganoza, quienes desde hace 42 años vienen luchando contra la familia conformada por los cónyuges Carlos Nassi Oliva y Porfiria Chávez Noriega de Nassi por la posesión de dicho terreno.

En esta nota conozca cómo es que el lío entre dos conocidas familias de Trujillo ha devenido en la acusación a una magistrada y el porqué se tuvo que llegar hasta la quema de llantas, lanzamiento de piedras, bombas molotov y botellas entre un grueso grupo de presuntos delicuentes y agentes policiales (hecho producido el último 17 de abril) en el afán de hacerse -a toda costa- con la tenencia del citado terreno de cinco mil metros cuadrados.

LA HISTORIA. Todo inicia en el año 1973, cuando los esposos Ganoza-Luna Victoria acuerdan la venta del 50% de un terreno de 10 mil metros cuadrados, situado en la cuadra 12 de la avenida Nicolás de Piérola, con el señor Carlos Nassi Oliva.

Según se supo, el precio pactado fue de 3 millones 81,600 soles de oro (valorización de la moneda antigua), el cual supuestamente debía ser pagado una parte en efectivo (660 mil soles de oro) y la otra en físico, mediante la entrega de 6 carretas de tráileres plataforma.

EL CONTRATO. Según se precisa en un documento titulado Contrato Aclaratorio firmado por un notario público el pasado 21 de julio de 1973, ambas familias manifiestan en tal escrito los términos tratados.

En ese sentido, en el artículo segundo del documento se lee: “Carlos Nassi Oliva y Porfiria Chávez Noriega declaramos que no hemos entregado los tráileres a que la escritura pública indica en la clausula anterior, sino que se encuentra pendiente de su entrega al señor Rafel Ganoza...”.

Líneas después, en la misiva se indica que “también queda el convenio que mientras don Carlos Nassi Oliva no cumpla con entregar todos los tráileres materia del contrato, no podrá celebrar ningún contrato ni acto alguno, a excepción del contrato a celebrarse con el Banco de Crédito sobre préstamo con hipoteca del lote materia de la venta, siendo nulo y sin valor alguno cualquier otro que se celebrase...”.

¿PAGO A MEDIAS? Según indicaron los Ganoza, el señor Nassi solo canceló el 22 por ciento del importe y que, pese a ello -indicaron- Nassi Oliva logró inscribir la propiedad a su nombre en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

Además, los Ganoza manifiestan que nunca les entregaron los tráileres en mención.

No obstante, el pasado 17 de abril, cuando se frustró el desalojo, la apoderada legal de la familia Nassi Chávez, la abogada Sandra Paola Ravello Nassi, remarcó que sí habían hecho entrega de los tráileres, pero el año 2011, es decir, 38 años después de firmado el acuerdo. Aquella vez, argumentó que los Ganoza “no los quisieron recepcionar”.

“El año 1993 se entregó las carretas por primera vez, no la quisieron aceptar. Esta fue la segunda oportunidad de entrega y miren con lo que ahora nos salen”, reveló.

RECHAZAN CARRETAS. Con relación a ello, los Ganoza explicaron el porqué no recibieron dichas carretas de tráileres.

“Las carretas ya no tienen ninguna utilidad para nosotros dado que ya no estamos en esa línea de negocio como sí la teníamos en el año 1973. Además, se hizo el acuerdo para que al cabo de seis meses de firmado el contrato el señor Nassi debía entregar las carretas y no cumplió. Es por eso la queja de nosotros. Y lo peor de todo es que no quieren reconocer el precio real de lo que cuesta ahora este terreno, que asciende a 5 millones de dólares, tal como lo verificó un tasador de inmuebles”, indicó la señora Rubby Luna Victoria.

LA JUEZ. Esta cronología culmina con la acusación a la jueza Guissela Soriano Ramírez por parte de la familia Ganoza, cuyos miembros la señalan de “haber recibido las carretas en nombre de nosotros, ingresarlas en el depósito judicial y ordenar el lanzamiento de nuestra propiedad. Además, nos sorprende la celeridad con la que actuó la jueza en los últimos días, sin que haya respetado nuestra legítima defensa y los hechos desarrollados en el lanzamiento fallido”, precisó el señor Rafael Ganoza cuando se encontraba pisando el terreno en cuestión.