OCMA INVESTIGA A 21 JUECES EN TRUJILLO
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) dispuso la investigación disciplinaria de 21 magistrados de la Corte Superior de Justicia de La Libertad debido a que otorgaron beneficios penitenciarios que permitieron la liberación de prontuariados extorsionadores, homicidas y violadores sin la justificación debida.
El titular de la OCMA, Enrique Mendoza Ramírez, dijo que, en los últimos tres años, 270 prontuariados delincuentes fueron liberados irregularmente, muchos de los cuales han vuelto a delinquir y están involucrados en los constantes homicidios, extorsiones, robos y otros delitos –como tráfico ilícito de drogas– que han convertido a esta región en una de las más inseguras del país.
Las liberaciones se detectaron tras una acción de control realizada este año. Ante ello, se investiga si el otorgamiento de la semilibertad o libertad condicional de los reos fue por benevolencia, error, corrupción o temor de los jueces a represalias.
“A raíz de estas acciones, hemos logrado que el otorgamiento de beneficios penitenciarios disminuya en 35 por ciento. Además, los jueces investigados han ordenado la recaptura de 32 de estos delincuentes que ya no se reportan ante la justicia y que han cometido nuevos delitos. Muchos de ellos no han cumplido ni la cuarta parte de su condena”, refirió.
El jefe de la OCMA también responsabilizó de estas liberaciones a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) pues sostuvo que muchos magistrados han basado el otorgamiento de beneficios a los reclusos en los certificados de buena conducta y en informes laborales emitidos irregularmente por dicha institución. “Hemos pedido a los jueces que desde ahora sean muy exigentes con la revisión de los pedidos de libertad para determinar los casos auténticos de rehabilitación”, concluyó.
El titular de la OCMA, Enrique Mendoza Ramírez, dijo que, en los últimos tres años, 270 prontuariados delincuentes fueron liberados irregularmente, muchos de los cuales han vuelto a delinquir y están involucrados en los constantes homicidios, extorsiones, robos y otros delitos –como tráfico ilícito de drogas– que han convertido a esta región en una de las más inseguras del país.
Las liberaciones se detectaron tras una acción de control realizada este año. Ante ello, se investiga si el otorgamiento de la semilibertad o libertad condicional de los reos fue por benevolencia, error, corrupción o temor de los jueces a represalias.
“A raíz de estas acciones, hemos logrado que el otorgamiento de beneficios penitenciarios disminuya en 35 por ciento. Además, los jueces investigados han ordenado la recaptura de 32 de estos delincuentes que ya no se reportan ante la justicia y que han cometido nuevos delitos. Muchos de ellos no han cumplido ni la cuarta parte de su condena”, refirió.
El jefe de la OCMA también responsabilizó de estas liberaciones a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) pues sostuvo que muchos magistrados han basado el otorgamiento de beneficios a los reclusos en los certificados de buena conducta y en informes laborales emitidos irregularmente por dicha institución. “Hemos pedido a los jueces que desde ahora sean muy exigentes con la revisión de los pedidos de libertad para determinar los casos auténticos de rehabilitación”, concluyó.
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Opi