LOS JUSTICIEROS DEL MUNDO
Envío de M. A. Ledesma
Por Gabriela Canas
Son 18. Cada uno procede de un rincón distinto del planeta. Y representan el máximo exponente de la justicia universal. Son los 18 miembros de la Corte Penal Internacional de La Haya, creada en 2002 con la vocación de abrir una nueva era en la que ningún crimen quede impune. Las potencias -EE UU, China, Rusia, India- boicotean su trabajo, pero saben que cuentan con el apoyo de millones de corazones en el mundo. ¿Quiénes son, qué hacen? Hemos hablado con cinco de ellos.
La guerra convirtió al pequeño Sang-hyun Song en el salvador de la familia. Su cuerpo menudo y su corta edad le permitían moverse por entre las trincheras y bajo la lluvia de las bombas sin ser capturado y movilizado por el Ejército norcoreano.
Con el tiempo, Song se convirtió en un estudiante de Derecho que aprendió leyes en su país, pero también en Estados Unidos, en Francia, en Australia y Nueva Zelanda. Trabajó por los derechos de la infancia y terminó siendo profesor y juez en una Corea, la del Sur, un país pleno de oportunidades. Cuando su Gobierno le propuso en 2003 ser juez en la Corte Penal Internacional, Song reflexionó: "Corea es un pequeño país rodeado de grandes potencias; un país siempre invadido que nunca agredió a otros. Puede ser una buena idea participar en la Corte y prevenir cualquier otra invasión hacia nosotros".
Por Gabriela Canas
Son 18. Cada uno procede de un rincón distinto del planeta. Y representan el máximo exponente de la justicia universal. Son los 18 miembros de la Corte Penal Internacional de La Haya, creada en 2002 con la vocación de abrir una nueva era en la que ningún crimen quede impune. Las potencias -EE UU, China, Rusia, India- boicotean su trabajo, pero saben que cuentan con el apoyo de millones de corazones en el mundo. ¿Quiénes son, qué hacen? Hemos hablado con cinco de ellos.
La guerra convirtió al pequeño Sang-hyun Song en el salvador de la familia. Su cuerpo menudo y su corta edad le permitían moverse por entre las trincheras y bajo la lluvia de las bombas sin ser capturado y movilizado por el Ejército norcoreano.
Con el tiempo, Song se convirtió en un estudiante de Derecho que aprendió leyes en su país, pero también en Estados Unidos, en Francia, en Australia y Nueva Zelanda. Trabajó por los derechos de la infancia y terminó siendo profesor y juez en una Corea, la del Sur, un país pleno de oportunidades. Cuando su Gobierno le propuso en 2003 ser juez en la Corte Penal Internacional, Song reflexionó: "Corea es un pequeño país rodeado de grandes potencias; un país siempre invadido que nunca agredió a otros. Puede ser una buena idea participar en la Corte y prevenir cualquier otra invasión hacia nosotros".
En marzo de este año, Sang-hyun Song fue nombrado presidente de la Corte Penal Internacional y rememora su historia desde su acristalado despacho, en la cumbre del moderno edificio de La Haya. Vive solo en La Haya. Es un tributo que tiene que pagar por trabajar para este gran proyecto estable de justicia universal heredero directo del Tribunal de Núremberg, aunque éste ha nacido torpedeado por las grandes potencias del mundo (Estados Unidos, Rusia, China e India), pero sostenido por 108 países y el crucial empuje de Europa.
La Corte fue creda para perseguir numerosos crímenes. Su jurisdicción es limitada. No podrá perseguir, por ejemplo, a genocidas de países que no han suscrito su estatuto. Tampoco puede juzgar con carácter retroactivo. Sólo (y nada menos) los crímenes cometidos desde julio de 2002. Es, en definitiva, el embrión de la justicia universal que ha llegado con el nuevo siglo y el nuevo milenio.
Cuatro son los grandes casos que ya tiene entre manos. Son cuatro catástrofes humanas ocurridas todas ellas en África en los albores del nuevo siglo: en Uganda, en la República Democrática de Congo y en la República Centroafricana. Los tres han pedido ayuda a la Corte. El cuarto caso, el de Darfur, tiene características especiales. En una decisión trascendental e inédita, el Consejo de Seguridad de la ONU dio luz verde en 2005 al fiscal de la Corte, Luis Moreno Ocampo, para investigar los crímenes cometidos en esta zona de Sudán. Cuatro años más tarde, el pasado mes de marzo, la Corte lanzó la orden de arresto de Omar al Bachir, el presidente de Sudán, la primera contra un mandatario en ejercicio.
La orden estaba firmada por la juez letona Anita Usacka, la ghanesa Akua Kuenyehia y la brasileña Sylvia Steiner. Al Bachir no se ha entregado, pero Le Monde le advertía en un editorial: "La justicia internacional es paciente y terca: el presidente serbio, Slobodan Milosevic, y el de Liberia, Charles Taylor, lo han aprendido en sus carnes". Usacka fue una de las jueces que pidió, sin éxito, la calificación más dura contra Al Bashir, la de genocidio. Hoy los ojos se le humedecen al recordar cómo la convencieron para ser juez de esta Corte.
"Mi sueño era ser juez del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Yo creía que este sitio no era para mí porque apenas había visto casos penales. Finalmente, fui a un seminario en Budapest y ahí la juez suiza Barbara Ott, que había llevado un caso ruandés en Suiza, contó las dificultades que afrontó para celebrar el juicio. Explicó que tuvieron que llevar a los testigos a Suiza, conseguirles pasaportes, incluso ropa, comida y calzado, porque no tenían. Cuando llegaron al aeropuerto de Zúrich estaban desorientados. Nunca habían visto una escalera mecánica y se caían al suelo. Todo eso me conmovió tanto...", dice emocionada Anita Usacka.
Ella nació, como Song, en un país de identidad amenazada. Letonia era en los años cincuenta parte de la Unión Soviética, y Usacka completó su doctorado en Derecho en Moscú. Pero también dio el salto a Estados Unidos antes de volver a Riga y participar, a partir de 1990, en el electrizante proceso de recuperar la identidad, la independencia y la plena soberanía de su pequeño país. Esta juez participó por aquellos años en diversos proyectos de transición a la democracia de países centroeuropeos y colaboró en la redacción de la nueva Constitución de Letonia. El texto de 1922 quedó intacto. Sólo se añadió un capítulo importante: el de los derechos humanos. Ahora se siente satisfecha de su Carta Magna.
Ella ha intervenido como juez en uno de los más graves conflictos africanos, el del Congo. Ni Usacka ni los otros cuatro jueces entrevistados para este reportaje pueden hablar públicamente de los casos que llevan entre manos. Cualquier comentario podría ser aprovechado por alguna de las partes. Pero lo cierto es que la Corte Penal lleva este caso, el primero que acometió, muy avanzado. El primer juicio ya ha comenzado.
Es el juez británico Adrian Fulford el que ha tenido la fortuna de presidirlo. Este abogado de larga experiencia en casos de terrorismo y crímenes sexuales en su país, considera que aquel primer día del juicio contra el congoleño Thomas Lubanga, el 26 de enero pasado, ha sido el momento más interesante de su actual ocupación. "Finalmente, después de tanto tiempo, pude visualizar lo que habíamos creado, ver lo que éramos capaces de hacer".
Adrian es el único Fulford de la familia que se ha dedicado al Derecho en una saga entregada casi por entero a la agricultura en su país. Abogado primero, juez después, Adrian Fulford se manifiesta satisfecho de su oficio, que le obliga a buscar una solución a los problemas que se le plantean. "Si la buscas, siempre hay una solución", dice. "Me paso la vida intentando encontrar el veredicto correcto y buscando dónde está la línea de la verdad, de la justicia y la respuesta correcta. Es un privilegio".
La Corte fue creda para perseguir numerosos crímenes. Su jurisdicción es limitada. No podrá perseguir, por ejemplo, a genocidas de países que no han suscrito su estatuto. Tampoco puede juzgar con carácter retroactivo. Sólo (y nada menos) los crímenes cometidos desde julio de 2002. Es, en definitiva, el embrión de la justicia universal que ha llegado con el nuevo siglo y el nuevo milenio.
Cuatro son los grandes casos que ya tiene entre manos. Son cuatro catástrofes humanas ocurridas todas ellas en África en los albores del nuevo siglo: en Uganda, en la República Democrática de Congo y en la República Centroafricana. Los tres han pedido ayuda a la Corte. El cuarto caso, el de Darfur, tiene características especiales. En una decisión trascendental e inédita, el Consejo de Seguridad de la ONU dio luz verde en 2005 al fiscal de la Corte, Luis Moreno Ocampo, para investigar los crímenes cometidos en esta zona de Sudán. Cuatro años más tarde, el pasado mes de marzo, la Corte lanzó la orden de arresto de Omar al Bachir, el presidente de Sudán, la primera contra un mandatario en ejercicio.
La orden estaba firmada por la juez letona Anita Usacka, la ghanesa Akua Kuenyehia y la brasileña Sylvia Steiner. Al Bachir no se ha entregado, pero Le Monde le advertía en un editorial: "La justicia internacional es paciente y terca: el presidente serbio, Slobodan Milosevic, y el de Liberia, Charles Taylor, lo han aprendido en sus carnes". Usacka fue una de las jueces que pidió, sin éxito, la calificación más dura contra Al Bashir, la de genocidio. Hoy los ojos se le humedecen al recordar cómo la convencieron para ser juez de esta Corte.
"Mi sueño era ser juez del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Yo creía que este sitio no era para mí porque apenas había visto casos penales. Finalmente, fui a un seminario en Budapest y ahí la juez suiza Barbara Ott, que había llevado un caso ruandés en Suiza, contó las dificultades que afrontó para celebrar el juicio. Explicó que tuvieron que llevar a los testigos a Suiza, conseguirles pasaportes, incluso ropa, comida y calzado, porque no tenían. Cuando llegaron al aeropuerto de Zúrich estaban desorientados. Nunca habían visto una escalera mecánica y se caían al suelo. Todo eso me conmovió tanto...", dice emocionada Anita Usacka.
Ella nació, como Song, en un país de identidad amenazada. Letonia era en los años cincuenta parte de la Unión Soviética, y Usacka completó su doctorado en Derecho en Moscú. Pero también dio el salto a Estados Unidos antes de volver a Riga y participar, a partir de 1990, en el electrizante proceso de recuperar la identidad, la independencia y la plena soberanía de su pequeño país. Esta juez participó por aquellos años en diversos proyectos de transición a la democracia de países centroeuropeos y colaboró en la redacción de la nueva Constitución de Letonia. El texto de 1922 quedó intacto. Sólo se añadió un capítulo importante: el de los derechos humanos. Ahora se siente satisfecha de su Carta Magna.
Ella ha intervenido como juez en uno de los más graves conflictos africanos, el del Congo. Ni Usacka ni los otros cuatro jueces entrevistados para este reportaje pueden hablar públicamente de los casos que llevan entre manos. Cualquier comentario podría ser aprovechado por alguna de las partes. Pero lo cierto es que la Corte Penal lleva este caso, el primero que acometió, muy avanzado. El primer juicio ya ha comenzado.
Es el juez británico Adrian Fulford el que ha tenido la fortuna de presidirlo. Este abogado de larga experiencia en casos de terrorismo y crímenes sexuales en su país, considera que aquel primer día del juicio contra el congoleño Thomas Lubanga, el 26 de enero pasado, ha sido el momento más interesante de su actual ocupación. "Finalmente, después de tanto tiempo, pude visualizar lo que habíamos creado, ver lo que éramos capaces de hacer".
Adrian es el único Fulford de la familia que se ha dedicado al Derecho en una saga entregada casi por entero a la agricultura en su país. Abogado primero, juez después, Adrian Fulford se manifiesta satisfecho de su oficio, que le obliga a buscar una solución a los problemas que se le plantean. "Si la buscas, siempre hay una solución", dice. "Me paso la vida intentando encontrar el veredicto correcto y buscando dónde está la línea de la verdad, de la justicia y la respuesta correcta. Es un privilegio".
La prensa británica le destaca por ser el primer juez que ha confesado públicamente su homosexualidad, y también en este punto se siente un privilegiado; especialmente cuando se le recuerda que la homosexualidad es un crimen en casi 80 países y que en Latinoamérica se asesina a un homosexual cada dos días. "Son cifras tremendas y es muy importante que no olvidemos lo que ocurre en otros lugares. Yo tuve mucha suerte. Manifesté mi homosexualidad cuando ya se había producido el movimiento gay de liberación, y no sufrí la presión social que han vivido otras generaciones. Lo hice porque no estaba preparado para ser deshonesto y mentir a la gente sobre quién soy yo".
Pero para que los tiranos y los señores de la guerra dejen de dormir tranquilos y, en cambio, las víctimas se animen a denunciar y a colaborar con la justicia, la Corte Penal Internacional necesita contar al mundo su labor, de forma muy especial en los lugares en los que puede llegar a creerse que la impunidad es la norma. La CPI es una empresa de apenas 700 trabajadores, y algunos de ellos recorren los escenarios de los más dramáticos conflictos del siglo XXI relatando como pueden los avances producidos en los casos de Uganda, Darfur, Congo y República Centroafricana.
Para la juez ghanesa Akua Kuenyehia, esta labor es fundamental para generar en la gente la confianza de que los crímenes más atroces no siempre quedan impunes. Kuenyehia es uno de los tres jueces que firmaron la orden de arresto del presidente de Sudán. Dice que su familia era una privilegiada. En primer lugar, porque su madre era profesora en un país en el que se consideraba una pérdida de tiempo enviar a las jóvenes a la escuela. En segundo lugar, porque su padre era comerciante adinerado que tenía dos coches y chófer, una circunstancia que le produce risa cuando la recuerda ahora. Su padre murió joven y un tío dilapidó prácticamente la fortuna familiar, pero el oficio de su madre fue suficiente para salir adelante y dar estudios a la joven Kuenyehia, que creyó que sólo las mujeres africanas estaban discriminadas hasta que empezó a viajar fuera del continente.
Ahora es juez en La Haya de este primer tribunal penal estable de la historia, tras haber estudiado leyes y haber realizado un largo trabajo a favor de las mujeres, sobre todo en África.
Kuenyehia representa a África en la Corte Penal, donde las cuotas por sexo y zona geográfica se cumplen escrupulosamente. Sylvia Steiner representa a América, pero también, quizá, a las ONG, tan importantes para la creación de la Corte como la ONU o los 108 Gobiernos que han ratificado su estatuto (el de Roma, en 1998).
Steiner sabe que ella no era la candidata de su Gobierno para trabajar en La Haya. Esta fiscal de São Paulo se implicó en la creación de la Corte desde la organización Women Caucus for Gender Justice. Cuando vio que su Gobierno no era muy activo le pidió seguir trabajando como representante oficial. Más adelante, cuando se abrió el plazo de presentación de candidaturas para ser juez en La Haya, el Gobierno brasileño, que barajaba otro candidato, tuvo que rendirse ante la batalla planteada por la Comisión Justicia y Paz, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, Tortura Nunca Más y otras organizaciones, que querían a la luchadora Steiner en la Corte Penal.
"La presión fue grande y al final fui la candidata oficial. Fue bonito porque se trató de una victoria de la sociedad civil tras una larga disputa", cuenta ahora Sylvia Steiner en el castellano que aprendió leyendo libros de leyes en español. Rodeada de las fotos de sus cuatro nietos, Sylvia Steiner asegura que la Corte Penal Internacional nunca eligió África como campo de operaciones. "Son los países como Uganda o Congo los que han acudido a nosotros porque sus instituciones están destruidas. Esta Corte no puede sustituir a las jurisdicciones nacionales que tienen capacidad para acometer un proceso".
Su sacrificio personal consiste en vivir fuera de su hogar y sola, lo que no había hecho hasta ahora. Es algo de lo que se quejan también Song y Usacka. Su gratificación, formar parte de la historia de esta Corte en la que las víctimas participan como nunca. Ni siquiera en los tribunales creados ad-hoc para la antigua Yugoslavia o Ruanda. Aquí, a La Haya, han llegado muchas víctimas descalzas, sin la ropa adecuada, que nunca supieron hasta ahora cómo era un hotel.
Son circunstancias que conmueven a Steiner, Anita Usacka, Adrian Fulford... Ellos han hablado con El País Semanal mientras los trabajadores de esta institución gestionaban en secreto la llegada a La Haya de uno de los acusados del conflicto de Darfur, Bahr Idriss Abu Garda. El rebelde sudanés está acusado de crímenes de guerra cometidos contra cascos azules en septiembre de 2007. Declaró el 18 de mayo y tendrá que regresar en octubre. Es el primero que acude aquí voluntariamente. La orden de detención del presidente sudanés ha irritado a la Unión Africana, pero lo cierto es que la comparecencia de Abu Garda ha sido posible gracias a la colaboración de varios países africanos como Chad, Senegal, Nigeria, Mali y Gambia. (Publicado en El País).
PD/. Y AQUÍ LA GALERÍA DE ESTOS BUENOS MUCHACHOS: Sang-hyun, Akua Kuenyehia, Anita Usacka, Adrian Fulford.
Para la juez ghanesa Akua Kuenyehia, esta labor es fundamental para generar en la gente la confianza de que los crímenes más atroces no siempre quedan impunes. Kuenyehia es uno de los tres jueces que firmaron la orden de arresto del presidente de Sudán. Dice que su familia era una privilegiada. En primer lugar, porque su madre era profesora en un país en el que se consideraba una pérdida de tiempo enviar a las jóvenes a la escuela. En segundo lugar, porque su padre era comerciante adinerado que tenía dos coches y chófer, una circunstancia que le produce risa cuando la recuerda ahora. Su padre murió joven y un tío dilapidó prácticamente la fortuna familiar, pero el oficio de su madre fue suficiente para salir adelante y dar estudios a la joven Kuenyehia, que creyó que sólo las mujeres africanas estaban discriminadas hasta que empezó a viajar fuera del continente.
Ahora es juez en La Haya de este primer tribunal penal estable de la historia, tras haber estudiado leyes y haber realizado un largo trabajo a favor de las mujeres, sobre todo en África.
Kuenyehia representa a África en la Corte Penal, donde las cuotas por sexo y zona geográfica se cumplen escrupulosamente. Sylvia Steiner representa a América, pero también, quizá, a las ONG, tan importantes para la creación de la Corte como la ONU o los 108 Gobiernos que han ratificado su estatuto (el de Roma, en 1998).
Steiner sabe que ella no era la candidata de su Gobierno para trabajar en La Haya. Esta fiscal de São Paulo se implicó en la creación de la Corte desde la organización Women Caucus for Gender Justice. Cuando vio que su Gobierno no era muy activo le pidió seguir trabajando como representante oficial. Más adelante, cuando se abrió el plazo de presentación de candidaturas para ser juez en La Haya, el Gobierno brasileño, que barajaba otro candidato, tuvo que rendirse ante la batalla planteada por la Comisión Justicia y Paz, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, Tortura Nunca Más y otras organizaciones, que querían a la luchadora Steiner en la Corte Penal.
"La presión fue grande y al final fui la candidata oficial. Fue bonito porque se trató de una victoria de la sociedad civil tras una larga disputa", cuenta ahora Sylvia Steiner en el castellano que aprendió leyendo libros de leyes en español. Rodeada de las fotos de sus cuatro nietos, Sylvia Steiner asegura que la Corte Penal Internacional nunca eligió África como campo de operaciones. "Son los países como Uganda o Congo los que han acudido a nosotros porque sus instituciones están destruidas. Esta Corte no puede sustituir a las jurisdicciones nacionales que tienen capacidad para acometer un proceso".
Su sacrificio personal consiste en vivir fuera de su hogar y sola, lo que no había hecho hasta ahora. Es algo de lo que se quejan también Song y Usacka. Su gratificación, formar parte de la historia de esta Corte en la que las víctimas participan como nunca. Ni siquiera en los tribunales creados ad-hoc para la antigua Yugoslavia o Ruanda. Aquí, a La Haya, han llegado muchas víctimas descalzas, sin la ropa adecuada, que nunca supieron hasta ahora cómo era un hotel.
Son circunstancias que conmueven a Steiner, Anita Usacka, Adrian Fulford... Ellos han hablado con El País Semanal mientras los trabajadores de esta institución gestionaban en secreto la llegada a La Haya de uno de los acusados del conflicto de Darfur, Bahr Idriss Abu Garda. El rebelde sudanés está acusado de crímenes de guerra cometidos contra cascos azules en septiembre de 2007. Declaró el 18 de mayo y tendrá que regresar en octubre. Es el primero que acude aquí voluntariamente. La orden de detención del presidente sudanés ha irritado a la Unión Africana, pero lo cierto es que la comparecencia de Abu Garda ha sido posible gracias a la colaboración de varios países africanos como Chad, Senegal, Nigeria, Mali y Gambia. (Publicado en El País).
PD/. Y AQUÍ LA GALERÍA DE ESTOS BUENOS MUCHACHOS: Sang-hyun, Akua Kuenyehia, Anita Usacka, Adrian Fulford.
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