LA "JUSTICIA EMBUDO" DEL DR. SAN MARTÍN
Envío de Micaela Paredes
Dos historias paralelas nos ilustran cómo quienes gobiernan la justicia se acomodan obsecuentes con el poder de turno.
Primera historia: La ley penal dice que comete secuestro agravado quien secuestra a una persona y la somete a trato cruel e inhumano.
Fujimori fue sentenciado culpable de secuestro agravado aun cuando las supuestas víctimas –Gustavo Gorriti y Samuel Dyer– declararon ante el tribunal que jamás fueron sometidas a trato cruel cuando estuvieron detenidos, en 1992. La sentencia, suscrita por los vocales César San Martín, Hugo Príncipe y Víctor Prado, alega que fue secuestro agravado “porque en 1992 hubo una dictadura”.
El argumento puede ser “políticamente correcto”, pero jurídicamente es aberrante porque la Ley Constitucional del 9 de enero de 1993 establece que del 5 de abril al 30 de diciembre de 1992 estuvo vigente la Constitución de 1979, por lo tanto no hubo dictadura.
Al ver que dicha ley les impedía sentenciar a Fujimori por “autoría mediata”, los vocales decidieron declararla “nula”, en un acto ilegal de plano. Ilegal porque el 15 de enero de 1993 el poder constituyente surgido de las urnas estableció que las Leyes Constitucionales tienen “igual rango que la Constitución”, lo cual significa que solo pueden ser anuladas por el Congreso de la República.
Ningún poder está por encima del Constituyente porque éste crea el orden jurídico. El Poder Judicial –creado por el constituyente– no puede ir más allá de las competencias que le fija la Constitución, y ésta no le faculta para desconocer las Leyes Constitucionales.
Si en el Perú imperara el Estado de Derecho sobre el interés político, el tribunal que “anuló” una Ley Constitucional para sentenciar a Fujimori sería denunciado por prevaricato. Lamentablemente las instituciones que defiendan la legalidad y la Constitución han claudicado.
Segunda historia: A los policías que sobrevivieron al “Andahuaylazo” los secuestraron y los trataron cruelmente, pero el autor intelectual del crimen, Antauro Humala, está a punto de ser liberado por la justicia.
El vocal San Martín se indigna y alza la voz cuando habla de la “dictadura”, pero es tolerante y habla suavecito cuando los voceros del gobierno izquierdista presionan al Poder Judicial para que excarcele a Antauro Humala.
Reacciona igual –suavecito– cuando informa que a Antauro le bajarán la pena por haber matado y secuestrado policías a solo 17 o 19 años, y que a lo mejor le quitarán la condena por secuestro.
En cambio, proclama exultante que le llena de gozo saber que el Tribunal Constitucional ha denegado un recurso legal justo del anciano y enfermo Fujimori, quien puede tener responsabilidad política en los crímenes de Colina, pero ésta se paga con cárcel solo en los estados totalitarios, jamás en democracia.
Esta es la “justicia embudo” que aplican ciertos jueces obsecuentes para congraciarse con el poder: “Ancho para unos (Antauro), angosto para otros (Fujimori)”.
La justicia auténtica seguirá siendo una promesa incumplida y un reclamo vigente en nuestra nación mientras sea lo que es hoy: un mero instrumento de venganza o de favor político.
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