ALIMENTOS DE LOS HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS

Por Juan Guerra Yabar (*)

Iniciemos este artículo conceptualizando la palabra ‘alimentos’, tal como lo define el Código Civil: “lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido…”. Así, se entiende que alimentos es todo lo necesario para la subsistencia del menor, es decir, lo necesario para poder llevar una vida digna.

Además, el derecho a los alimentos es intransmisible, irrenunciable, intransigible e incompensable (art. 437 CC.)Cornejo Chávez, manifiesta que se trata de un derecho personalísimo porque está dirigido a garantizar la subsistencia del titular del derecho en cuanto subsista el estado de necesidad, además, este derecho no puede ser objeto de transferencia intervivos ni de transmisión mortis causa.

Si bien los alimentos al hijo se ejercen durante el ejercicio de la patria potestad (siendo que dicho derecho está contemplado dentro de los derechos y deberes de dicho ejercicio) se entendería que al finalizar la patria potestad, es decir, al extinguirse la patria potestad según lo dispuesto en el artículo 461 CC., finalizaría el deber a prestar alimentos de pleno derecho.

María Franca manifiesta, que el derecho de alimentos derivado de la patria potestad, cuyo límite es el acceso a la mayoría de edad del hijo, que hace cesar ipso iure la obligación de los padres de continuar con el pago de la cuota alimentaria.

Pero, a pesar de lo mencionado, el hijo mayor de edad tiene derecho a reclamar alimentos, ya que, si bien se extinguió la patria potestad, la ley prevé los casos especiales en los cuales será procedente el pedido del hijo mayor de edad.

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho alimentario de los hijos mayores de edad, planteando en el artículo 483 (exoneración de la obligación alimentaria) que “...si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente”. Por lo que de no darse los supuestos previstos, se exoneraría al obligado a cumplir con la pensión alimenticia.

En el primer supuesto señalado, es decir el de incapacidad, si se logra demostrar la incapacidad el alimentista mayor de edad tendrá derecho a seguir percibiendo una pensión alimenticia, derecho mencionado también en el 473 CC.

En el segundo supuesto, es decir seguir una profesión u oficio exitosamente, el artículo 424 prevé que “... subsiste la obligación de proveer el sostenimiento a los hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad...”. Es decir, que para que el alimentista mayor de edad sea beneficiario de este derecho, deben concurrir los requisitos de que sea soltero y cursar estudios “exitosamente”, además de que este derecho sólo será hasta los 28 años de edad.

A decir de Clara Mosquera, el término “exitoso” debe ser dejado a criterio del Juez, considerando que en este extremo debe considerarse como estudios exitosos aquellos en los cuales el alimentista ha alcanzado notas superiores al promedio. A mi parecer, se tendría que tener en cuenta el estado socioeconómico de alimentista, ya que, por lo general, un estudiante que no cuenta con el apoyo del obligado a prestar alimentos, tiene que trabajar y estudiar al mismo tiempo, por lo que se tendría que determinar como exitoso el simple hecho de estar estudiando sin necesidad de tener en cuenta las notas.

En el caso de los puramente alimentistas el 415 CC. menciona que le corresponde “...una pensión alimenticia hasta la edad de 18 años. La pensión alimenticia continua vigente si el hijo, llegado a la mayoría de edad, no puede proveer a la subsistencia por incapacidad física o menta...” pero el mencionado artículo no hace ninguna referencia a los alimentos por educación. Cornejo Chávez, dice, del hijo alimentista, que es el hijo extra matrimonial no reconocido ni declarado por su padre, pero a quien debe pasar una pensión alimenticia hasta cierta edad, el varón que hubiese mantenido relaciones sexuales con su madre en la época de la concepción.

Pero acaso, al decir el artículo señalado que el hijo extramatrimonial sólo puede reclamar una pensión alimenticia hasta los 18 años de edad y extendiéndose este periodo sólo por incapacidad, y no mencionar nada acerca de cursar estudios ¿No le correspondería una pensión al alimentista por estar cursando estudios? ¿O es que acaso solamente los hijos reconocidos tienen este derecho?

A mi parecer ambas preguntas tienen una respuesta negativa. Si bien el derecho a una pensión alimenticia por educación del hijo extra matrimonial no está previsto en el artículo 415, nuestra Constitución en el artículo 6 prevé que “...todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad”.

Al igual, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: “La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo”, siendo que, en virtud de lo señalado en la Constitución, todos los hijos tienen iguales derechos, por lo que también, los hijos no reconocidos ni declarados, tendrían derecho a una pensión alimenticia en el caso de encontrarse cursando estudios, no tendría que haber un trato discriminatorio cuando la Ley, los Tratados Internacionales y la Constitución, propugnan la igualdad y más aún tratándose de un derecho consustancial a la persona como lo son los alimentos.

Por último, además de ser un derecho los alimentos para el hijo mayor de edad, los padres tienen una obligación moral de ayudar a la formación y al proyecto de vida de sus hijos, para poder lograr una autonomía material y emocional, promoviendo así su integración a una sociedad cada vez más competitiva donde el que no cuenta, al menos, con un mínimo de capacitación tendrá que verse relegado a un segundo plano siéndole más difícil alcanzar una independencia familiar y económica.

(*) Universidad Nacional Mayor de San Marcos